El Gobierno ha aprobado ya las bases de la nueva Ley de Vivienda, la normativa que plantea un mayor intervencionismo en el mercado inmobiliario y de alquiler, entre otros. Ahora bien, hay determinados puntos que no gustan especialmente a los expertos inmobiliarios y agentes del sector que conviene señalar y analizar.

Regulación de precios, la medida más polémica

Es el punto que ha hecho que esta norma se haya extendido en el tiempo sin aprobación por las discrepancias entre las coaliciones del Gobierno.

Arantxa Goenaga, abogada y socio del bufete jurídico Circulo Legal Barcelona, opina que intervenir en el mercado imponiendo precios no es la solución, deben incentivar. Así la jurista aboga por una ley que “busque soluciones para las familias vulnerables” y “ayude a los pequeños arrendadores que son los que realmente poseen la mayoría del parque inmobiliario español”, a través de “incentivos”.

Para la abogada, la medida de la regulación de precios no es la solución, sancionar no es la vía, “es un error pretender limitar los precios porque el propio mercado se regula solo y según la demanda existente los precios suben o bajan”, opina la jurista, quien añade que las políticas intervencionistas “llevan a muchos pequeños propietarios a no alquilar o vender”.

En este contexto, Montse Junyent, responsable de asesoría jurídica del Consejo General de los COAPI y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), no está a favor de que esta ley traslade las necesidades habitacionales de la población al sector privado ya que “corresponde a los poderes públicos arbitrar las medidas necesarias para el incremento de vivienda social”.

El consultor inmobiliario Eduardo Molet sostiene que la mejor regulación de precios es la que ofrece el propio mercado. “La solución a los problemas de acceso a viviendas de alquiler pasa por eso y por una mayor inversión pública en vivienda social”.

Mientras que José Ramón Zurdo, Director General Agencia Negociadora del Alquiler, expresa en su web que intervenir los precios en las zonas tensionadas no va a aumentar la oferta de viviendas en esas zonas, sino que va a castigar a los propietarios que necesitan esas rentas, por ejemplo para pagar su hipoteca o para hacer frente al pago de una residencia.

Peligra el build to rent

Idealista recoge la opinión de Javier Garcia-Mateo, socio de Strategy & Transactions de la consultora EY, quien asegura que la nueva legislación impulsada por el Gobierno de España provocará que las nuevas promociones de ‘build to rent’ se reduzcan un 30%, pasando de 28.000 viviendas a 19.600.

Menos inversión, devaluación del mercado… algunas reacciones a la nueva Ley de Vivienda

“En teoría económica, intervenir el mecanismo natural de fijación de precios de cualquier mercado entre la oferta y la demanda termina provocando una drástica reducción de la oferta disponible en el medio plazo”

¿Competencias de las CCAA?

La abogada de Circulo Legal Barcelona, Arantxa Goenaga, tiene dudas sobre algunas de las líneas maestras de esta nueva ley, empezando por la legalidad de la misma. “La competencia estatal para dictar esta ley no está muy clara ya que las Comunidades Autónomas tienen delegadas las competencias sobre la vivienda y, por tanto, deben ser ellas las que aprueben la regulación”, apunta.

Recargo del IBI

La nueva Ley de Vivienda establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías.  En este punto, la abogada cree que el castigo fiscal a través del IBI a las viviendas vacías “no es una novedad” y ya se encuentra regulada en la Ley de Haciendas Locales desde hace un tiempo y sin embargo no se ha aplicado por los municipios. Pues debe estar regulada por cada ayuntamiento.

Por su parte, Eduardo Molet considera que la medida de subir un 150% el IBI a las viviendas que están vacías es una barbaridad y un ataque a la propiedad, y creará desigualdad e injusticia entre las distintas regiones de España. “Al ser una competencia transferida, habrá ayuntamientos que la aplicarán y otros que no, algo que dependerá de su orientación política. “En definitiva, estamos ante una ley ideológica, no económica o social”.

Ayudas al alquiler

Goenaga ve como positivas las medidas de estímulos como «conceder beneficios fiscales a los pequeños arrendadores”, de modo que, en vez de castigo, tiene un beneficio poner en el mercado sus inmuebles o “la ayuda de 250 euros a los jóvenes durante 2 años para incentivar la emancipación”.