Tal como informábamos ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebró ayer la vista oral relativa a la cláusula IRPH. En ella se quería determinar la idoneidad de este índice que la banca española acepta y que el Tribunal Supremo español equipara al Euribor. Después de unas tres horas de deliberaciones por todas las partes implicadas, el presidente de la Gran Sala de 15 jueces del TJUE, Koen Lenaerts, ha indicado que el abogado general hará públicas sus conclusiones el 24 de junio.

En la vista oral se ha planteado si el Índice de Referencia de Precios Hipotecarios (IRPH), presente en unos 90.000 contratos hipotecarios, es transparente y comprensible para el consumidor. Durante la vista oral, José María Erauskin, el abogado de la parte demandante, ha explicado que en su cliente suscribió una hipoteca en 2001con Bankia de 132.222 euros a interés variable con referencia al IRPH. Erauskin ha declarado que su cliente no fue informado correctamente sobre lo que significaba aceptar esta cláusula y ha criticado la falta de transparencia en la comercialización del IRPH en los préstamos españoles. El IRPH se calcula teniendo en cuenta la media de interés de los préstamos a más de 3 años y se ha utilizado en cerca del 10% de los préstamos concedidos en España.

Por su lado, la representante del Gobierno de España ha defendido el statuo quo actual del Estado y ha pedido la no retroactividad de los efectos en caso de que la sentencia fuera favorable al consumidor. Cabe recordar que la Comisión Europea se posicionó a favor de las hipotecados afectados por el IRPH en un informe de observaciones publicado el 17 de septiembre de 2018.

Las conclusiones que se van a publicar el 24 de junio, cuyo dictamen será anunciado por el polaco Maciej Szpunar, no tiene carácter vinculante. De todas formas estas conclusiones terminan dando forma a la sentencia definitiva que emitirán los jueces del TJUE, probablemente en otoño. Si el resultado finalmente es favorable a los intereses de los afectados, la banca española deberá devolver unos 44.000 millones de euros según los cálculos de Goldman Sachs.