Antes del verano la ley del desahucio express era una realidad. Una medida que fue impulsada por el grupo parlamentario por el PDeCAT y que ahora, tres meses después, Unidos Podemos ha recurrido ante el Tribunal Constitucional ateniéndose que esta nueva norma vulnera derechos recogidos en la Constitución, como el derecho la vivienda, la inviolabilidad del domicilio y el principio de tutela judicial efectiva.

Contrario a los tratados internacionales

Teniendo en cuenta que esta nueva ley permite ejecutar el desahucio en tan solo cinco días, el grupo confederal piensa que a través de esta brusca medida impide la posibilidad de alegar si los ocupantes no pueden demostrar su derecho sobre esa vivienda en ese plazo. Además, considera que permite la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables, algo contrario a los tratados internacionales en relación con la vivienda. En palabras del propio Rafael Mayoral, diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos “El problema central de esta ley es que ataca el derecho básico a un juicio justo, puesto que limita de forma brutal el derecho de defensa y al mismo tiempo no cumple con los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos”

Temor a su uso fraudulento

Si es verdad que la nueva ley aprobada el pasado 12 de junio excluye a gestores privados de vivienda social, bancos y fondos buitre,  el grupo parlamentario Unidos Podemos teme que estos se podrían acoger a la ley y utilizarla de forma fraudulenta. Desde su punto de vista “han comprado a los bancos a precios de saldo gran cantidad de viviendas habitadas por familias y, que a su vez, ya han sido transmitidas a personas físicas vinculadas directamente con dichos fondos para eludir normativa que protege a estas familias en otros procedimientos”.