El gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado tres meses más la moratoria a los desahucios y la condonación y prórroga de los alquileres. La medida fue anunciada ayer en el Congreso de los Diputados durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con este anuncio se extienden hasta el próximo mes de agosto las medidas de protección social que pretenden asistir a los colectivos más vulnerables. De esta manera, aquellos ciudadanos sin alternativa habitacional podrán solicitar este recurso más allá del fin del estado de alarma actualmente programado para el 9 de mayo.

¿Una prórroga más?

Esta nueva prórroga lo que hace es prolongar lo aprobado el pasado 26 de enero, que a su vez era una extensión de lo acordado el 31 de marzo de 2020 con el inicio del primer estado de alarma. Una medida que se produce dado que la situación económica provocada por la pandemia aún no ha comenzado a resolverse. Por su parte, el gobierno cede a las presiones de sus socios políticos de retrasar las ayudas en el tiempo. Si bien es cierto que el partido morado había solicitado prolongarlo incluso hasta final de año.

¿Qué contemplaba el Real Decreto de enero?

También conocida como la Ley Antidesahucios, este Real Decreto entró en vigor a principios de año. Ésta introducía además de la continuidad de las moratorias de desahucio y alquiler pequeños cambios que han resultados ser muy sustanciales en la práctica. Así pues amparaba a aquellos ciudadanos vulnerables sin alternativa habitacional, tanto si tenían contrato en la vivienda como si no.

Un aspecto no exento de polémica ya que se introdujo un leve matiz en la norma, que ha provocado en la práctica consecuencias importantes de cara a su interpretación. Ahora no se considera una ocupación ilegal si la entrada en la vivienda no se ha producido con «violencia e intimidación probada», nos explicaba hace unos días Iñaki Unsáin, principal PSI de Barcelona. «Esto es muy grave, porque es bien sabido que los okupas entran cuando la viviendas se encuentran vacías», continua el experto. Y, concluye, «con todas estas medidas (el gobierno) está consiguiendo que la gente deje de invertir en el sector inmobiliario y desvíe sus inversiones a otros sitios».

La prohibición de los desahucios “es una medida controvertida” añade Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda, “porque no todos los juzgados lo están aplicando”. “Lo único se prorroga”, explica el experto, “si el inquilino puede acreditar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad como consecuencia del COVID, si ha perdido el trabajo o está en ERTE”.

Por su parte, el presidente del gobierno ha aclarado que estas medidas están encaminadas a proteger a aquellos inquilinos sin contrato cuando existan menores, víctimas de violencia de género o personas dependientes residiendo en la vivienda. Por otro lado, también se amplía por tres meses más la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler, siempre y cuando ésta pertenezca a un gran tenedor o entidad pública.

No afecta a pequeños propietarios

Y es que desde el Ministerio de Transporte y Agenda Urbana insisten en que el real decreto tiene «el objetivo es atender determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse más allá del 9 de mayo como consecuencia de la situación derivada de la evolución de la pandemia». Sin embargo, como hiciera en enero, éste aclara que se trata de una medida que no afecta a pequeños propietarios de vivienda. Como aclara Carlos Muñoz, socio director y fundador de CIM Tax & Legal , «esta medida es únicamente aplicable a grandes tenedores, esto es, a quien sea propietario de más de 10 inmuebles».

Esto ya quedaba recogido en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. Por otro lado, Arantxa Goenaga, abogada especializada en Derecho Inmobiliario y socia de Círculo Legal Barcelona, nos recuerda que permitía a los afectados solicitar «la condonación del 50% de la renta», siempre y cuando «no se hubiera conseguido con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes». También se permite la «extensión de los contratos tres meses más», para aquellos contratos de alquiler que finalicen en este periodo para poder «buscar un alternativa o condiciones mejores», aclara la experta.

Por su parte, Muñoz nos explica que «se pretende proteger a aquellos inquilinos que ya tuvieran el alquiler vigente con anterioridad a la pandemia y así evitar que haya situaciones de gente que aproveche la situación de suspensión por los estados de alarma para arrendar u ocupar una vivienda sacando partido de estas suspensiones».

Aún no se ha publicado en el BOE

Este anuncio es, de momento, solo eso. Una comunicación por parte del Gobierno de llevar a cabo este aplazamiento. Ahora habrá que esperar a la publicación de esta medida en el Boletín Oficial del Estado. Cabe esperar, además, que introduzca algún otro cambio, como ya ocurrió en enero.

Según Arantxa Goenaga, abogada especializada en Derecho Inmobiliario, la cuestión de la solución habitacional no se resuelve sino que se «alarga la agonía tres meses más».  Porque al final, continua la experta «el problema no lo vamos a tener en mayo, pero lo tendremos en agosto», en referencia al atasco judicial que se avecina por este motivo. Por otro lado, Goenaga apunta a que «lo que habría que hacer es dotar de más medios a los servicios sociales y ampliar el parque público de vivienda».