Aunque la nueva Ley de Vivienda ha costado casi un año en aprobarse, hace unas semanas, el Gobierno dio luz verde a esta nueva norma que se acaba de presentar en el Consejo de Ministros. El alquiler es uno de los ejes centrales de esta ley, tal como relatamos en nuestro artículo, pero también lo es la vivienda social y protegida con el fin de incentivar el derecho a la vivienda de jóvenes y más desfavorecidos.

La tramitación en las cortes de la ley puede atrasarse hasta mediados de 2022, y una vez se apruebe, entonces quedarán unos 18 meses hasta que se aplique totalmente.

Es de destacar, tal como dicta la Ley, recogido por La Vanguardia, que el parque de 290.000 viviendas sociales en España apenas llega al 1,6% de los 18,6 millones de hogares en el país, mientras que en Francia, Alemania, Reino Unido o Dinamarca alcanzan el 15%. Una asignatura pendiente de prácticamente todos los gobiernos en España, en materia de vivienda, y que se quiere potenciar con esta norma.

Además, y si se consigue su aprobación, no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, que será considerado como un patrimonio permanentemente sujeto a protección. Para ello el Anteproyecto establece una estricta regulación de los parques públicos, evitando que vuelvan a repetirse operaciones de venta del parque público de vivienda a fondos de inversión por parte de algunas Administraciones territoriales.

«Es una ley garantista, que se aborda extremando el rigor jurídico, sobre todo para que no quepa ninguna duda sobre su constitucionalidad», ha recalcado  Raquel Sánchez, ministra de Vivienda, convencida de que considerar que la vivienda «no es un mero bien de mercado no significa que se vulnere el derecho a la propiedad».

Vivienda asequible incentivada

Algunas de las novedades que propone la ley tienen que ver con la vivienda protegida. En este caso, se introduce un concepto nuevo, el de vivienda asequible incentivada, que tal como explica el Gobierno, es una figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo.

Este novedoso concepto que se suma a la vivienda protegida como mecanismo efectivo para incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles, favoreciendo la participación del sector privado y del tercer sector a través de la instrumentación de beneficios de carácter urbanístico, fiscal, entre otros.

La Ley de Vivienda llega al consejo de ministros: medidas en vivienda social y otros

Entran dentro de esta definición las viviendas de titularidad privada, «incluidas las entidades del tercer sector, a cuyo titular la Administración competente otorga beneficios de carácter urbanístico, fiscal, o de cualquier otro tipo, a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler a precios reducidos, o de cualquier otra fórmula de tenencia temporal, de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado».

Sobre esta novedad, la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, ha declarado que «hay supuestos en los que se aplicará y en otros supuestos se aplicará el sistema de incentivos fiscales».

Calificación indefinida de la vivienda protegida

Hay más novedades que destaca la nueva ley de vivienda de carácter social, como es que se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años.

Así, se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas, definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años.

Vivienda protegida en alquiler a precio limitado

Otra de las novedades es el impulso de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Según el Gobierno, se establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida.

Y se clarifica la posibilidad de que la legislación urbanística pueda establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado, debiendo articular las administraciones urbanísticas los mecanismos de compensación que sean pertinentes a los afectados, sin que ello implique el establecimiento de la obligación de implantar esta medida a las Comunidades Autónomas.

Nuevo Consejo Asesor de Vivienda

Se establece una nueva figura: el consejo asesor de vivienda. Su finalidad es asegurar la participación de todos los agentes en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda. Este órgano es de carácter técnico, asesor y consultivo para la programación de las políticas públicas de vivienda, que estará integrado por asociaciones del tercer sector y otras asociaciones representativas de intereses afectados por la Ley, representantes empresariales y profesionales, del sector financiero, así como distintos profesionales expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación.