Las herramientas legales para aplicar el desahucio siempre han sido complicadas y, desde luego, impopulares. Sin embargo, el afán de proteger a la población más vulnerable ha vuelto a atraer la polémica. Conocer bien la nueva ley antidesahucios es siempre recomendable para saber a qué atenernos si tenemos un inmueble en propiedad. En este sentido, el pasado mes de enero el gobierno introdujo ciertas variaciones en el Real Decreto Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Unos cambios, pequeños, pero cuyos efectos y consecuencias tanto para propietarios como para ocupas, sí son relevantes.

¿Qué cambios se han introducido en la ley antidesahucios?

La nueva ley introduce cambios en los supuestos en los que se va a poder aplicar la ley. Eso sí, siempre y cuando el supuesto ocupa no se encuentre en situación de vulnerabilidad. En realidad, dichos cambios son matices sobre la ley anterior, ya que se dejaban algunas cuestiones en el limbo.

Lo primero que se hizo es prolongar el periodo de suspensión de todo procedimiento de desahucio hasta que termine el estado de alarma. Esta fecha está actualmente programada para mayo. En este sentido, la nueva normativa sigue entendiendo que toda ocupación de un inmueble implica un delito. Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana consideran que había que acotar esta acepción ya que muchas personas vulnerables quedaban expuestas.

Así pues, se ha introducido un importante matiz en el artículo 7. Además de lo ya redactado se ha añadido que solo se podrá continuar con el procedimiento de desahucio si esta ocupación se ha realizado con «violencia o intimidación sobre las personas». De esta forma, si no es así, cualquiera de los procesos inmersos en procedimientos penales ya en marcha de personas vulnerables sin alternativa habitacional queda como decíamos suspendida hasta el quinto mes del año.

Aún así, cabe recordar que en cualquier caso, será el juez quien en última instancia tome la decisión de continuar o no con un desahucio. Será él quien resuelva la causa en cada caso particular después de atender a los servicios sociales que serán entre otros los que certifiquen la situación de vulnerabilidad de los implicados.

Otra de las modificaciones hace referencia a la titularidad del inmueble. En este sentido, antes solo contemplaba a la personas jurídicas y ahora también lo hace sobre la persona físicas.

La nueva ley no evita situaciones conflictivas

Las modificaciones a esta ley se han producido por cuestiones que levantaban problemas de interpretación. Sin embargo, no ha conseguido limar todas las asperezas. En este sentido, la nueva ley no ha evitado que las ocupaciones proliferen en determinadas zonas de España. Especialmente en zonas turísticas donde la actividad se ha visto dramáticamente reducida y muchos pisos se han quedado desatendidos.

Porque la ley pretende proteger y amparar a aquellas personas que durante este difícil año han sufrido las consecuencias del COVID. Sin embargo, hay quien pretende aprovechar esta situación para realizar actividades poco honorables e, incluso, delictivas.